
13 REVISTA RETOS Y PERSPECTIVAS SOCIALES Vol. 1 No.1 Enero-Diciembre 2020
sanción social implementados por los grupos armados
ilegales en algunas zonas del país.
La información recopilada deja ver la apremiante necesidad de
generar políticas públicas para la protección de las
comunidades históricamente segregadas y la responsabilidad
del estado en la garantía de sus derechos. Así las cosas,
(Diversa, 2005) en el “Informe de derechos humanos de
lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas en Colombia”,
reportó varios hechos de violencia relacionados con el
conflicto armado. El primero de ellos tenía que ver con la
violencia por intolerancia o “limpieza social”, reflejándose que
hubo una amenaza del 29 de septiembre del 2005 contra la
comunidad LGBT del centro de la ciudad de Pereira, la cual la
había hecho un grupo de “limpieza social” autodenominado
“Cazano”; también se documentó la amenaza que había
recibido una pareja de lesbianas por parte de presuntos
integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
en una vereda cercana a Ibagué, así como casos ocurridos en
años anteriores: el homicidio de un hombre gay en el 2003,
en el municipio de Caldas, Antioquia; el de una travesti en
Campoalegre, Huila –15 de marzo del 2005–; amenazas a un
hombre gay y la desaparición forzada de su hermano en
Barrancabermeja, Santander; el homicidio de tres travestis en
Barranquilla –9 de septiembre del 2005.
(Albarracín, 2011) expone que para los años 2006 y 2007 la
organización Colombia Diversa presentó antecedentes de
violencia en el marco del conflicto armado. Teniendo en cuenta
que el año 2006 se caracterizó por la desmovilización de
grupos paramilitares se centraron los datos en el accionar de
estos, reportándose un caso de amenaza en el centro de
Pereira en el año 2006, circulación de panfletos amenazantes
en el municipio de Barrancabermeja en 2007 y el riesgo de
desplazamiento que éste generó. De otro lado, el 13 de mayo
del 2009, al menos un hombre gay había sido asesinado y
torturado en el casco urbano de Aracataca-Magdalena. En
varias ciudades del país se han denunciado amenazas y
homicidios perpetrados especialmente por grupos de
paramilitares desmovilizados. En Cúcuta, el 5 de septiembre,
se reportó una amenaza contra las travestis que ejercen
prostitución en la zona céntrica de la ciudad y posteriormente
el asesinato de tres de ellas. En Medellín, en el mes de agosto,
murió una pareja de lesbianas que vivían en una zona de la
ciudad donde hacen presencia las llamadas bandas
emergentes conformadas por desmovilizados.
Esto permite identificar que los casos reportados de violación
en el marco del conflicto armado son escasos, lo cual no
significa que no exista mayor número de vulneración en la
medida que como lo menciona (Albarracín, 2011):
El ocultamiento de la orientación sexual e identidad de género,
sumado a la falta de apoyo de su comunidad y a la ausencia de
redes sociales, margina a las víctimas y reduce las
probabilidades de que éstas reclamen sus derechos y
denuncien los abusos que se cometen contra ellas (p.137).
En ese sentido, se visualiza el miedo existente para afrontar
de manera pública la orientación sexual al concebir que se
replicara el rechazo en las entidades estatales y de apoyo,
traduciéndose en subregistro de los casos y por ende
desatención de las situaciones particulares basadas en
identidad sexual y de género, tal como atención psico social,
orientación e intervención profesional y documentación de los
casos. Es de mencionar que, el escaso conocimiento de
situaciones vulneradoras conlleva la dificultad de formular
acciones para su mitigación, prevención y atención de manera
directa bajo el precepto de discriminación positiva, razón por
la cual las acciones implementadas se basan en la
comprensión del concepto Género en su concepción más
amplia, y en la mayoría de las oportunidades orientada hacia
la población femenina.
Así las cosas, se indagó el porcentaje de víctimas LGTB en el
país y el registro de las mismas, encontrándose que; Según
los datos oficiales, los hechos victimizantes por los cuales se
han registrado mayor cantidad de personas LGBTI víctimas
del conflicto armado han sido el desplazamiento (72.9 %) y
las amenazas (13.85 %). Los delitos en contra de la libertad y
la integridad sexual se ubican en cuarto lugar (2.07 %),
después de los homicidios (6.3 %). Durante este mismo
período, los delitos contra la libertad e integridad sexual